Millonaria demanda contra la Provincia: Un niño víctima de bullying escolar queda gravemente herido y el Estado mira para otro lado.

En un caso que expone las vulnerabilidades del sistema educativo bonaerense, el Sr. Uriel Dupouy en representación de su hijo, ha presentado una demanda millonaria contra la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación. La acción judicial busca una reparación de $146.500.000 por los graves daños físicos y psicológicos sufridos por el niño de 9 años, alumno de la Escuela N.º 4 "Bartolomé Mitre" de Bahía Blanca, víctima de un episodio de bullying que desencadenó en una severa fractura ósea. Este caso plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los estudiantes bajo su cuidado y la capacidad del sistema educativo para gestionar situaciones de acoso escolar, poniendo en el centro del debate la responsabilidad objetiva del Estado y el deber de seguridad de las instituciones educativas. Según los hechos presentados en la demanda, el 6 de junio de 2024, el niño víctima del episodio fue empujado y golpeado por un compañero de clase en un contexto de bullying no controlado, lo que resultó en una fractura grave del cúbito y radio de su brazo izquierdo. El niño fue sometido a intervenciones quirúrgicas y su recuperación ha estado marcada por un prolongado sufrimiento físico y emocional. La familia del menor, representada por el Dr. Claudio Venchiarutti del prestigioso Estudio Jurídico V.P.F. & ASCOCIADOS, expone no solo la falta de intervención del personal educativo ante los reiterados episodios de acoso, sino también la negligencia en la tramitación del seguro escolar, lo que los obligó a afrontar elevados costos médicos de manera independiente. El reclamo de la familia no es solo por los gastos médicos derivados de las intervenciones y terapias de recuperación, sino también por los profundos daños psicológicos y emocionales que Nahuel ha sufrido a raíz del acoso escolar. La demanda destaca la falta de prevención y acción por parte de la escuela para evitar la reiteración de estas agresiones, y califica como inexcusable la inacción del establecimiento en la activación del seguro escolar que debería haber cubierto los gastos. Este caso plantea una demanda de responsabilidad estatal basada en la falta de diligencia de las autoridades educativas, enmarcada en la Ley de Educación Nacional y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El abogado Venchiarutti subraya que la omisión del personal escolar en garantizar la seguridad del niño configura una violación del deber de seguridad establecido por el Código Civil y Comercial. La demanda incluye un reclamo detallado por daños físicos, psicológicos, y morales, con una suma total que asciende a los $146.500.000. Esto incluye las secuelas físicas, el daño psicológico que afecta gravemente el bienestar y desarrollo del menor, el impacto emocional y moral, y las terapias psicológicas futuras. Este proceso judicial es un ejemplo del creciente número de demandas que denuncian el bullying y la falta de intervención de las instituciones educativas. Se espera que el fallo de este caso siente precedentes significativos en el manejo de la responsabilidad de las escuelas y el rol del Estado en proteger a los niños dentro de su ámbito escolar. Dentro del proceso de demanda, un rol fundamental lo ha desempeñado la Lic. Daniela Albanese, Psicóloga que llevó a cabo el informe psicodiagnóstico del niño víctima. Este informe no solo evidencia el impacto emocional sufrido por el niño, sino que establece con claridad las secuelas psicológicas generadas por el bullying. Albanese detalló en su evaluación los síntomas de ansiedad, miedo y retraimiento social que el niño víctima presenta como consecuencia del acoso. Además, destacó la profunda afectación en su autoestima y la necesidad urgente de un tratamiento psicológico a largo plazo. Su informe fue determinante para cuantificar el daño psicológico en la demanda, argumentando que el niño requerirá apoyo terapéutico durante años para paliar las consecuencias emocionales del hostigamiento. La labor de la Lic. Albanese se destaca por su enfoque integral, al resaltar no solo las secuelas inmediatas en el estado emocional del menor, sino también el impacto en su vida cotidiana, sus relaciones interpersonales y su desempeño escolar. Este exhaustivo análisis permitió que la demanda se fundamentara con un sólido informe que refuerza la necesidad de una reparación justa y acorde a los daños sufridos. Por otro lado, el doctor Claudio Venchiarutti, a cargo de la defensa de la familia del niño, ha demostrado una labor destacada al enfocar el caso en la responsabilidad estatal y la importancia de una reparación integral para su cliente, subrayando el rol fundamental del sistema educativo en prevenir daños de esta magnitud. La demanda pone en evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar los protocolos de actuación ante casos de acoso escolar en la Provincia de Buenos Aires, y es una clara advertencia sobre las graves consecuencias que puede tener la falta de intervención oportuna en estos casos. En definitiva, este proceso judicial no solo es un reclamo de justicia para el niño víctima y su familia, sino también un llamado a la reflexión sobre las fallas estructurales en la protección de los derechos de los niños en el sistema educativo provincial.